Alertan sobre otra campaña dilatoria de Yale respecto a piezas de Machu Picchu

El peruano Abelardo Sandoval Millones, director ejecutivo del Departamento de Arqueología de América Latina del Museo de Historia Natural, perteneciente al Instituto Smithsonian, calificó el llamado a una “solución amistosa” de la Universidad de Yale como una nueva campaña dilatoria. Esta, precisó, busca impedir que la entidad devuelva al Perú las miles de piezas de Machu Picchu que obran en su poder desde 1912, luego de que el arqueólogo Hiram Bingham se las llevó de Cusco.

A través de un comunicado, Yale manifestó ayer que su disputa con el Perú en torno a piezas arqueológicas “no se resuelve con amenazas” y reiteró su disposición a buscar una solución amistosa.

Como se recuerda, hace unos días el primer ministro José Antonio Chang Escobedo anunció que se evalúa demandar penalmente a la casa de estudios y a su rector. En tanto, el presidente Alan García oficializó recientemente una campaña nacional e internacional para repatriar los objetos.

Sandoval explica que, históricamente, Yale ha demostrado que “no tiene la mínima voluntad” de retornar parte del patrimonio arqueológico del Perú. “Las piezas fueron remitidas a la universidad en calidad de préstamo por 18 meses. Yale tenía que devolverlas antes de junio de 1917. Desde esa fecha siempre apeló a dilatar la devolución”.

Asimismo calificó de “error estratégico” el memorando de entendimiento que el gobierno del presidente Alan García firmó con la Universidad de Yale en el 2007, pues allí se condicionaba el retorno de la totalidad de piezas al Perú “después” de que todas las investigaciones arqueológicas se encuentren concluidas.

“Las piezas son propiedad del Perú. Existe documentación abundante que demuestra que la fecha del préstamo expiró. La defensa de nuestro patrimonio cultural tiene que darse en todos los frentes, ya sea en el plano legal, académico y mediático”, comentó Sandoval.

También hizo una exhortación para que el Gobierno Peruano no solo inicie una campaña mediática en Estados Unidos para denunciar la postura de Yale, sino que debe existir un plan de acción claro, consecuente y concertado, que lleve a recuperar las piezas de una vez por todas.

“Ya no es tiempo de creer en promesas. Es hora de exigir el derecho a una devolución justa y digna”, dijo Sandoval.

UN DISCURSO CONOCIDO

El comunicado emitido ayer por la Universidad de Yale sostiene que esa institución había “dejado en claro su disposición a negociar una resolución amistosa con el Gobierno del Perú”.

Según este documento, Yale y el Perú firmaron en el 2007 un memorando de entendimiento que “ponía fin a la disputa”. Dice, además, que nuestro país desconoció luego este acuerdo e inició una acción civil contra la universidad en un tribunal federal de Estados Unidos.

A través del mismo medio, Yale afirmó que el anuncio del Gobierno Peruano de iniciar acciones legales “contra la universidad y su presidente [...] son un obstáculo y no una invitación para un arreglo”.

“Esta disputa no puede resolverse con amenazas”, añadió el comunicado. “Si el Gobierno de Perú ha llegado a la conclusión de que su demanda legal en Estados Unidos no tendrá éxito, esta es una razón para llegar a una resolución amistosa, y no para iniciar procesos legales sin fundamento”.

“Si se retira la amenaza, la Universidad de Yale sigue dispuesta a solucionar esta disputa de forma que refleje los intereses de ambas partes”, se indicó en el documento.

PARA TENER EN CUENTA

Refuta argumento sobre memorando

El procurador ad hoc del Perú para el juicio contra la Universidad de Yale para la devolución de las piezas, Eduardo Ferrero, afirmó ayer que no es cierto el argumento de esa casa de estudios de que la disputa debe resolverse como parte de un memorando de entendimiento del 2007.

“Eso no es cierto. No se obligaba al Perú ni a Yale a algo. Era solo un memorando de principios de lo que podía ser después un acuerdo que sería negociado entre las partes, era un documento sujeto a ratificación”, declaró a Andina.

Por: Miguel Vivanco

Corresponsal en Washington (El Comercio)

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