(Editorial) Interceptaciones: ¿sancionar al mensajero?

Diversos grupos parlamentarios han presentado en las últimas semanas dosproyectos que tenemos que rechazar de manera tajante, porque atentan frontalmente contra el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa en nuestro país, así como contra el derecho de las personas a estar informadas.

A la iniciativa legislativa del congresista Walter Menchola, de sancionar pecuniariamente a los medios que difundan conversaciones grabadas ilícitamente, su suma la de un grupo multipartidario que propone modificar el artículo 162 del Código Penal para sancionar con cárcel efectiva a los autores materiales del delito, así como a quienes difundan dicha información; es decir, a la prensa. De esta manera, se retoma una de las conclusiones de la Comisión Luizar, que investigó la interceptación telefónica realizada por BTR, y en cuyo informe final de marzo de este año recomendó lo mismo. Pero también se confunde al delincuente que espía en las comunicaciones de terceros con el periodista, cuyo compromiso es con la información de calidad sobre asuntos públicos que la población debe conocer.

El Comercio ha rechazado ampliamente las interceptaciones telefónicas. Creemos que los medios no podemos ni debemos ser caja de resonancia de nadie y menos de personajes acostumbrados a soltar videos, audios y otros materiales para llevar agua para su molino, armar campañas de desprestigio, crear cortinas de humo, lanzar globos de ensayo o poner en zozobra la intimidad de los involucrados. Evidentemente, hay excepciones, como cuando esos materiales se constituyen en la única prueba para probar fehacientemente un delito flagrante o un peligro inminente para la sociedad. En el resto de los casos, consideramos que el periodismo responsable no puede hacerse cómplice de los ‘chuponeadores’.

No obstante, tampoco estamos de acuerdo con imposiciones peligrosas que, cual camisas de fuerza, pretenden coartar el derecho de la prensa independiente y seria que ha demostrado que la autorregulación de la función periodística, desde y con los medios, si es posible. En todo caso, por qué crear más leyes restrictivas y confusas, cuando ya existen normas que sancionan los excesos de cierto periodismo irresponsable.

El Congreso pretende castigar al mensajero en lugar de fiscalizar el amplio mercado ilegal que importa equipos de ‘chuponeo’ para seguir interceptando teléfonos, como en las peores épocas del fujimontesinismo. Más bien debería reconocer que estas actividades ilícitas muchas veces son alentadas por los propios políticos que, hasta el momento, no han podido identificar a la mafia que se esconde detrás del espionaje ni cómo esta logra acceder a las redes de telefonía y otros canales de comunicación; ni siquiera en las intromisiones perpetradas en la campaña electoral municipal se han arribado a conclusiones significativas.

Por eso, si los parlamentarios firmantes de estos proyectos no quieren ser reconocidos como perpetradores de la libertad de prensa, tienen que retirar su firma de iniciativas tan cuestionables como ineficaces para frenar un delito que hace tiempo se ha desbordado y que amenaza a cualquier ciudadano de este país.

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