Piezas de Machu Picchu deben retornar al Perú - El Comercio

Con toda justicia el Gobierno Peruano iniciará una campaña para recuperar las piezas que fueron extraídas de Machu Picchu hace más de un siglo y que aún se encuentran en la Universidad de Yale. La iniciativa no solo es pertinente, tratándose de bienes nacionales que hace tiempo debieron regresar al país, sino porque hasta el momento las negociaciones para traerlas de vuelta no han prosperado.

Debemos recordar que esta demanda viene de tiempo atrás. Se aceleró en el 2003 durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, luego de arduas negociaciones a cargo del entonces director del Instituto Nacional de Cultura (INC), Luis Guillermo Lumbreras. Estas continuaron en el 2005, lamentablemente sin éxito. Luego, bajo el actual régimen, se han esgrimido una serie de excusas para resolver la devolución a través del diálogo y acorde los acuerdos establecidos.

Como se sabe, en 1912 el historiador Hiram Bingham y la Universidad de Yale suscribieron un acuerdo con el Estado Peruano para que miles de piezas de la colección Machu Picchu salieran del país por 18 meses. Finalmente, esa negociación se incumplió, y lo temporal se hizo permanente.

En el 2007 se adujo que el Perú era incapaz de proteger la colección de objetos encontrados en la ciudadela inca de eventuales daños, por lo que era preferible que siguiera bajo la tutela de la Universidad de Yale. No obstante, a pocos meses y coincidentemente después de que Machu Picchu fue elegida una de las siete nuevas maravillas del mundo, se anunció que Yale devolvería 74 cajones con cerca de 5 mil objetos arqueológicos luego de someterlos a estudio y valoración.

La entrega debió concretarse en el 2008, cuando un grupo de comisionados del INC determinó que no eran 5 mil sino 46 mil 332 piezas y fragmentos de Machu Picchu. Por ello, el Perú presentó ante la Corte de Columbia ,en Estados Unidos, una demanda para reclamar la devolución; un proceso que ha seguido su curso hasta la fecha desde julio del 2009 en la jurisdicción de Connecticut. Muchos sostuvieron que, entre otros temas de la agenda bilateral, la resolución del problema con la Universidad de Yale se podría dar ese año bajo la nueva administración del presidente Barack Obama. Infelizmente, se equivocaron.

Por eso resulta adecuado que ahora el Gobierno Peruano no solo difunda internacionalmente los perjuicios que este incumplimiento genera al país, sino que estudie la posibilidad de denunciar penalmente al presidente de la Universidad de Yale, Richard C. Levin. Sin duda, el Perú deberá agotar la vía diplomática, las negociaciones del INC y del Ministerio de Cultura con la universidad estadounidense. Sin embargo, como ha señalado el presidente Alan García, estamos ante una “apropiación ilícita” que se ha prolongado por espacio casi de cien años. Por lo tanto, nada justifica que después de tanto tiempo se ignore la solvencia de una demanda válida y justa.

Ojalá que para el 7 de julio del 2011, cuando se conmemore el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, ya estén en el país los invalorables restos incas que Hiram Bingham halló y que lamentablemente no están en el lugar que les corresponde.

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