Ministra Fernández anuncia aprobación de proyecto que penaliza ingreso de celulares a cárceles

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que penaliza los actos de ingreso o intentos de ingreso de medios o elementos de comunicación a las cárceles.

Dicha iniciativa, agregó, también plantea sancionar a quienes, en el interior de los establecimientos penitenciarios, sabotean los sistemas de seguridad contra las comunicaciones.

Fernández indicó que muchas veces los visitantes del interno ingresan celulares, filamentos de cobre y demás adimentos al penal para provocar y hacer posible la comunicación por celular de los internos, que está prohibida.

Indicó que hasta la fecha, lamentablemente, en lo que se refiere a los internos, a los agentes penitenciarios y policías, los mencionados actos eran considerados sólo faltas administrativas, pero que a partir de este proyecto “se convertirá en un delito”.

“Y si la persona que ingresa o intenta ingresar un celular, o además sabotea o ayuda a sabotear los sistemas de seguridad, es un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) o policía tiene un agregado a la pena.”

La titular de Justicia explicó que dicho delito tendrá gradualidades, de tres a seis años, seis a ocho años y de ocho a 12 años, y las personas civiles que ingresen o intenten ingresar dichos elementos de comunicación o sabotean los sistemas de seguridad también tendrán responsabilidad penal.

Informó que los internos que tengan este tipo de comportamiento no podrán acceder a los beneficios penitenciarios ni postular a una conmutación de pena.

“Como ministra no lo voy a calificar positivamente, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidades”, señaló la titular de Justicia, tras mencionar que la responsabilidad caerá sobre el interno que llevó a cabo el acto, como también en aquel que ayuda desde la calle a cometer dicha acción delictiva.

Finalmente lanzó una reflexión a los funcionarios y servidores de seguridad del Inpe y a la Policía, quienes tienen una misión importante de colaboración con la seguridad ciudadana.

“Sí ellos no tienen la responsabilidad para comportarse como tales deberían dejar sus puestos, y si cometen dichos delitos tendrán que asumir las consecuencias”, afirmó.

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