El pasado 11 de agosto, el huaralino Orlando Soto Yauri, de 37 años, fue condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de su hija de 12 años. Este hombre que negó hasta el final su delito con versiones absurdas (dijo que fue hallado en la cama donde la niña dormía porque se cayó del camarote) es el más reciente sentenciado por violación a la pena máxima establecida en nuestro país.
Desde 1998, cuando se aprobó la cadena perpetua para los abusadores sexuales, 29 hombres han recibido esta condena si tomamos como referencia los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Todos ellos están obligados a pagar ínfimas reparaciones civiles entre tres mil y diez mil soles a sus víctimas (en caso de que estén vivas) o a las familias de estas, pero la mayoría no ha cumplido.
Lo cierto es que, aunque hoy se denuncia con más frecuencia el abuso sexual y existen leyes severas para sancionarlo, son pocos aún los casos en los que se logra justicia a tiempo, pues la mayoría está encarpetado sin sentencia en elPoder Judicial.
Solo para tener una idea: el 2009 hubo un total de 887 detenidos por violación a menores de edad, de los cuales solo el 19% fue sentenciado, según el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva.En lo que va del año, 784 personas, todos varones, han sido capturados por el mismo cargo en el país.
Ello sin contar con la creciente curva de denuncias interpuestas en las fiscalías por abuso sexual a menores de edad: en Lima, el 2006 hubo 709, el 2007, 1.276 y el 2008, 1.312 acusaciones por este delito ingresadas en la base de datos del Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal.
No solo la lentitud de los procesos judiciales favorece a varios acusados de violación sexual pese a las pruebas en su contra, también la actitud benigna de algunos magistrados, como ha ocurrido con César Carrera Conti y Eloy Acosta Cerrón, quienes están no habidos luego de que el Poder Judicial les diera orden de comparecencia. El primero es acusado de violar por varios años a sus tres hijas y el segundo es profesor en Chanchamayo, quien abusó y embarazó a una de sus alumnas de 12 años.
El Instituto de Defensa Legal y la ONG Acción por los Niños (esta última realiza todos los años plantones frente a Palacio de Justicia para recordar los casos que siguen impunes) advierten que muchos de los casos de abuso sexual se quedan entrampados en los juzgados por problemas en la valoración de pruebas.
Por eso, es fundamental lo que ocurre con estas denuncias en las etapas prejudiciales de la investigación: si se omiten la realización de diligencias mínimas para esclarecer los hechos difícilmente se conseguirá más adelante pruebas suficientes para condenas ejemplares. La policía, por su parte, señala que muchas de las víctimas tardan en hacer la denuncia y, el delincuente, tras consumar el delito suele borrar los vestigios del mismo e incluso alterar su físico para evitar ser identificado y detenido.
APOYO Y REHABILITACIÓN
Tras los recientes casos de abuso sexual de menores, la ministra de la Mujer,Virginia Borra, ha demandado penas más severas para los violadores, pero lo que realmente están ausentes son los mecanismos de apoyo y rehabilitación a las víctimas, como se contempló en el Plan Nacional de Acción por la Infancia 2002-2010.
La mayoría, después de que se atreve a hacer la denuncia, pasa por tortuosos trámites judiciales y no recibe terapia psicológica para sobrellevar su problema.
Lourdes Febres, coordinadora general de Acción por los Niños, sostiene que hace falta la articulación de esfuerzos y mejoras de procedimientos en todos los sectores involucrados para implementar un verdadero sistema nacional de protección de la niñez. “Esto pasa también porque se asignen más recursos para esta meta de país”, apunta Febres.
El juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo indica que el Poder Judicial impulsa un proyecto de ley para incorporar la defensa gratuita y obligatoria del Estado para las víctimas de abuso sexual que no cuenten con recursos y que la reparación civil que se imponga a los culpables sea asumida por el Estado cuando estos se declaren insolventes.
Por Fabiola Torres López
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