Nuevamente, estudios de entidades extranjeras y locales alertan sobre las gravísimas consecuencias de la corrupción en el aparato del Estado y para el futuro mismo del país, lo cual demanda una reacción de las autoridades y de quienes pretenden ser gobierno, los partidos y organizaciones políticas, para hacer de la lucha contra esta lacra una causa nacional permanente y dinámica.
Tras la publicación del Índice de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, en el que el Perú cayó del puesto 75 al 78, ahora el consultor internacional y catedrático de la Claremont Graduate University (EE.UU.) Robert Klitgaard afirma que el costo de la corrupción en la economía de los países latinoamericanos puede llegar a ser el 58% del PBI per cápita.
Esto es absolutamente escandaloso, pues grafica su directa incidencia en el empobrecimiento de la población, al afectar los sistemas de contrataciones, judicial o financiero, alejar las inversiones, crear un sistema económico paralelo y dilapidar los recursos públicos.
Lo cierto es que, si aplicásemos este cálculo, nuestro PBI per cápita pudiera ser de US$7.821, en lugar de los US$4.950 que estima el FMI para nuestro país el 2010. ¿Somos conscientes de esta perversa realidad que ahonda la desigualdad y perpetúa la pobreza?
Otro informe, denominado “Corrupción en el mundo: evidencia de un modelo estructural”, realizado por el experto Axel Dreher, prueba que la corrupción también incentiva a que las empresas operen en un mercado negro, para evitar así el ‘costo’ de ingresar a la economía formal, lo que a su vez deriva en menores ingresos para el Estado. De allí la urgencia de promover la formalización, así como normas, incentivos y sanciones, que deben alcanzar también a las mafias de evasores y de contrabandistas.
Eso no es todo. Hace dos meses, en una presentación ante el Congreso, el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, señaló que “seis mil millones de soles se van por el caño por culpa de la corrupción” y 1.306 funcionarios del Estado denunciados por inconducta siguen laborando en entidades públicas, situación que no se ha corregido con las consecuencias previsibles.
El contralor precisa que los primeros indicios del impacto de la corrupción apuntan un daño equivalente a entre 10% y 15% del presupuesto nacional destinado a compras e inversiones. Es decir, las pérdidas estarían entre los S/.6.000 y S/.9.000 millones, solo en los últimos 18 meses, lo que es igualmente devastador, no solo para la economía sino también para la salud moral de la nación.
La pregunta ahora es: ¿Qué se ha hecho para revertir esta situación? Los peruanos, que hemos sufrido históricamente los efectos de la corrupción, sobre todo en la década de los 90, no podemos resignarnos a continuar conviviendo con este pesadísimo lastre que infecta las relaciones humanas, pervierte la dinámica económica, convierte al Estado en un botín para los más inescrupulosos y retrasa nuestro desarrollo económico y social.
En esta delicada coyuntura, cuando desde muchos foros se reconocen los avances macroeconómicos del Perú, debemos pensar cuánto más habríamos crecido y reducido la brecha de pobreza, si hubiéramos desterrado en algo la corrupción.
En vísperas de un nuevo proceso electoral, los ciudadanos debemos exigir a los grupos políticos un deslinde claro y firme en este tema, lo que debe ser puesto en blanco y negro en los planes de gobierno, y ser asunto prioritario en los debates electorales.
Editorial - El COmercio
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