Respecto al primer decreto, el abogado del IDL, David Lobatón, pidió recomendar la nulidad de la aplicación del Código Militar Policial por supuestamente no garantizar la imparcialidad.
Sobre las otras dos normas, Lobatón solicitó que la OEA plantee al Perú sus reformas, pues según dijo, criminalizan las protestas y autorizan a las Fuerzas Armadas a usar la fuerza en zonas no declaradas en emergencia.
“Siendo ya una constante del Estado peruano el incumplimiento de estándares del sistema interamericano, en relación a la justicia militar, solicitamos a la honorable comisión que emita un informe especial en relación a la situación de la justicia militar y policial en el Perú, conforme establece el mandato de la comisión”, indicó el abogado.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial, Carlos Mesa, aseguró que su fuero sí respeta el debido proceso, pues es el Poder Judicial el que determina si un caso es común o de orden militar.
En audiencia pública en Washington, Estados Unidos, Mesa sostuvo que el Tribunal Militar Policial solo enjuicia a personal en actividad y descartó que aquel impulse la impunidad.
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