Washington .- . La CIA reveló el lunes que 16 agentes retirados y en funciones recibieron castigos administrativos por su participación en el derribo de un avión en el Perú, en el 2001, en que murieron dos estadounidenses inocentes.
La misionera Veronica Bowers y su pequeña hija perdieron la vida cuando el avión en que viajaban fue derribado después de que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) lo identificara erróneamente como nave del narcotráfico.
La mujer de 35 años de Muskegon, Michigan, y su hija Charity estaban en el avión con el esposo de Bowers, Jim, el hijo de ambos Cory y el piloto Kevin Donaldson, quien logró que el aparato descendiera sobre el río Amazonas a pesar de tener heridas graves en las piernas.
La mayoría de las circunstancias del caso ya habían sido reportadas. Un informe del inspector general fechado en el 2008, el cual era secreto anteriormente y fue divulgado el lunes, recomendó castigos para el personal de la CIA. Leon Panetta, director de la agencia, aceptó esas recomendaciones en diciembre del 2009, señaló la CIA en un comunicado.
La nave de Bowers fue uno de 15 aviones civiles pequeños derribados entre 1995 y el 2001 como parte del Programa de la CIA de Bloqueo de Puente Aéreo, un dispositivo antinarcóticos “diseñado para interrumpir el transporte de pasta de coca en aviones civiles del Perú a Colombia”, según el informe del inspector general.
CULPARON A LAS FUERZAS ARMADAS PERUANAS
La culpa del incidente fatal fue atribuida a las Fuerzas Armadas peruanas, las cuales “identificaron de manera errónea al avión como involucrado en el tráfico de drogas y atacaron el aparato a pesar de las objeciones del personal de la CIA”, según la investigación interna de la agencia y una revisión subsecuente para deslindar responsabilidades en el caso.
Pero los investigadores llegaron a la conclusión de que “había problemas con el programa” y se cometieron errores, lo que llevó a acciones disciplinarias, según el comunicado de la CIA emitido por la vocera Paula Weiss.
El informe del inspector general fue dado a conocer como parte de la Ley de Autorización de Inteligencia del 2010.
Su divulgación representa la conclusión de una batalla personal del legislador Pete Hoekstra, de Michigan, republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La familia de Bowers vive en el distrito de Hoekstra, y él presionó mucho durante varios años para que el documento fuera dado a conocer.
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